Detrás de la implacable campaña en contra de los empleados públicos y de la satanización de los sindicatos lo que se oculta es el prejuicio ideológico neoliberal

Crisis fiscal e injusticia tributaria

Se discute en el plenario de la Asamblea Legislativa el presupuesto con el que habrá de contar el Gobierno para operar normalmente el año entrante. Sin duda será aprobado —como ya lo fue en la Comisión correspondiente— debido a que los tres partidos que cuentan con mayoría parlamentaria —Liberación, el PAC y el Frente Amplio— ya lo hicieron... Y hacen bien.
En estos tres partidos hay conciencia, sustentada en concepciones teóricas (socialdemócratas y socialistas) del papel imprescindible que debe jugar el Estado para promover la justicia social en las relaciones de producción.
Tales concepciones inspiraron las reformas sociales, tanto de la alianza Calderón Guardia-Monseñor Sanabria-Manuel Mora (1943) como de Don Pepe (Figueres) liderando a la Junta de Gobierno (1948).
Pero para que el Estado cumpla con esa misión debe disponer de recursos en todos los campos: humanos, económicos, legales y políticos. Es en este último punto donde la confrontación arrecia, pues los poderes fácticos mediáticos se han convertido en los partidos de la derecha en este siglo.
Detrás de la implacable campaña en contra de los empleados públicos y de la satanización de los sindicatos lo que se oculta es el prejuicio ideológico neoliberal, según el cual el Estado no debe intervenir en el campo socioeconómico, sino tan solo fungir como aparato represor para salvaguardar sus intereses.
Los corifeos de este “capitalismo salvaje” (Juan Pablo II) que, a contrapelo de las mejores tradiciones políticas de nuestro pueblo, pretenden imponer el capital trasnacional y sus subalternos locales, es el que quiere estigmatizar a los empleados públicos haciéndolos responsables del déficit fiscal cuando los datos prueban lo contrario.
Se pretende suprimir, contra todas las normas del derecho laboral internacional ratificadas por nuestro país en la OIT, las convenciones colectivas, alegando que algunas de sus cláusulas deben ser consideradas abusivas dada la situación fiscal que vive el país.
Se califica despectivamente como “burócratas” a los empleados públicos cuando han sido en algunos casos jerarcas provenientes de los partidos tradicionales quienes han dado el mal ejemplo.
Ciertamente hay “privilegios” que deben ser corregidos, pero no hay que generalizar porque la realidad es otra. Como prueba, tan solo citaré algunos datos suministrados por un reconocido economista y profesor universitario, el Dr. Luis Paulino Vargas, con lo que se puede comprobar la escandalosa ausencia de justicia distributiva en nuestro país.
Los impuestos solo representan un 13% del PIB y con lo que se aporta a la seguridad social se llega al 23%, cuando en los países desarrollados esos impuestos representan el 40% del PIB (en países escandinavos, como Dinamarca y Suecia, el 49%).
La causa del déficit fiscal, según este distinguido especialista, se encuentra en la eliminación de los impuestos a las transacciones comerciales, tanto de exportación como de importación, a las exenciones de impuestos a las empresas que se acogen a las zonas francas (maquila) y al turismo.
Todo lo cual ha llevado a que el aporte de los impuestos al erario público haya descendido del 6% del PIB en el año 2008 al 4,7% el año pasado.
Peor aún es la corrupción que representa en nuestro país la evasión de impuestos que alcanza entre un 7% y un 8% del PIB.
El año entrante se debe discutir en el Congreso el paquete tributario exigido por el FMI. ¿Se tocarán entonces las causas reales del déficit fiscal, o simplemente se buscará el camino más fácil, cual es el de aumentar la carga tributaria aún más a los sectores populares y a la clase media para que asuman la hipoteca que el gran capital ha arrojado en las espaldas del pueblo?

Arnoldo Mora

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