El Control de Precios: Un Obstáculo al Bienestar General

Juan Ricardo Fernández Ramírez

Presidente

Asociación de Consumidores Libres

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El Control de Precios: Un Obstáculo al Bienestar General

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con el control de precios buscando controlar las fuerzas del mercado. Sin embargo, esta intervención, lejos de generar beneficios, distorsiona las señales que guían la economía y perjudica el bienestar general. Los precios no son simples números arbitrarios, sino que reflejan una compleja red de información sobre las preferencias de los consumidores, la escasez de recursos, las tecnologías disponibles y las expectativas. Los precios libres actúan como señales que guían la asignación de recursos, incentivando la producción de bienes y servicios que la sociedad demanda y desalentando la producción de aquellos que son menos valorados.

Mercados competitivos: la norma

De acuerdo con la Ley No. 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, los mercados competitivos son la norma. Esto significa que los precios de los bienes y servicios deben determinarse por la oferta y la demanda, sin la intervención del Estado. La intervención estatal solo debe ocurrir en situaciones excepcionales, y debe ser temporal y estar debidamente justificada.

Control de precios: la excepción

El control de precios es la excepción a la regla de los mercados competitivos. La Administración Pública solo puede regular los precios de los bienes y servicios en situaciones excepcionales, como cuando existe un monopolio u oligopolio. Esta regulación debe ser temporal y debe revisarse periódicamente para asegurar que siga siendo necesaria.

El control de precios: una negación de la realidad económica

El control de precios niega la realidad económica al ignorar las fuerzas de la oferta y la demanda. Al fijar precios artificialmente, el gobierno distorsiona las señales del mercado, generando consecuencias negativas:

• Escasez: Cuando el precio se fija por debajo del precio de equilibrio, la demanda supera la oferta, generando escasez y desabastecimiento.

• Mala asignación de recursos: Los recursos se asignan de forma ineficiente, ya que los precios no reflejan la verdadera escasez relativa de los bienes.

• Desincentivos a la producción: Los productores tienen menos incentivos para producir, lo que reduce la oferta y perjudica el crecimiento económico.

• Mercado negro: Surge un mercado paralelo donde los productos se venden a precios más altos, fomentando la corrupción y la especulación.

El caso de los medicamentos

El mercado de medicamentos en Costa Rica presenta características excepcionales que resultan en precios significativamente más altos en comparación con otros países, lo cual genera descontento entre gran parte de la población, especialmente cuando estos medicamentos son vitales para la salud y la calidad de vida. En respuesta, el gobierno ha tomado medidas destinadas a promover la competencia en el mercado antes de implementar controles de precios.

El Decreto N° 43656-S fue emitido para permitir la importación paralela y por terceros no titulares de medicamentos con el fin de profundizar el mercado y reducir los precios; sin embargo, esta medida ha sido suspendida por la Sala IV en espera de un fallo judicial. Adicionalmente, el Decreto N° 43950-S fue promulgado para homologar y reconocer los registros sanitarios de medicamentos otorgados por autoridades reguladoras miembros del Consejo Internacional para la Armonización de los requisitos técnicos para productos farmacéuticos de uso humano. No obstante, la sentencia número 2024-021860 anuló este decreto alegando, entre otros argumentos, la violación del derecho a la salud.

Sin entrar en detalles jurídicos, es evidente que el Ministerio de Salud de Costa Rica no posee la misma capacidad de velar por la idoneidad de medicamentos que la FDA u otras autoridades reconocidas internacionalmente. Si los productos de venta libre son autorizados por dichas entidades, no hay justificación para imponer aprobación más estrictas localmente.

El decreto reciente que el Poder Ejecutivo emitió para controlar los márgenes de precios de los medicamentos es una consecuencia de la imposibilidad de seguir el camino correcto. Se espera que este sea revisado periódicamente y que sea una medida temporal mientras se continúan los esfuerzos por fomentar un mercado más competitivo para este producto de vital importancia para la salud pública.

El caso del arroz

El control de precios del arroz en Costa Rica es un claro ejemplo de las consecuencias negativas de esta política. A pesar de que el gobierno debería buscar proteger a los consumidores, el resultado significó una disminución en la producción nacional, un aumento en las importaciones y un encarecimiento del precio final para los consumidores.

Este es, o debería ser, un caso de estudio en las universidades. La fijación de precios mínimo es claramente fue una política pública perversa que beneficiaba, principalmente a 5 productores e industriales de arroz, (que también eran los principales importadores del producto) y encarecía el producto especialmente a los consumidores de menos ingresos que destinan casi todo su ingreso a la mera subsistencia. Un subsidio de pobres a ricos que por veinte años (con datos de COMEX y con proyecciones propias) significó más del Mil Millones de Dólares.

En éste caso no se cumplieron los requisitos de ley y por supuesto, más de veinte años, no se cumplió el requisito de temporalidad. Por otro lado, existieron sendos estudios de varios economistas, UCR, BCCR, Banco Mundial, Cámara de comercio y múltiples artículos que, contrario a lo que establece la ley, que justifican la necesidad de liberar los precios.

Hoy día, sin fijación de precios, se permite la competencia, el bandeo y otras promociones que antes castigaba el MEIC. Estás promociones no se contemplan en el INEC por lo cual invisibiliza ese beneficio. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que históricamente se importa alrededor del 60% del consumo nacional y por lo cual su precio varía según el precio internacional.

Para ver el beneficio en los precios al consumidor hay que comparar el precio actual con respecto al esquema anterior de fijación de precios. El esquema anterior nos obligaba a tener siempre precios altos, ahora los consumidores se pueden beneficiar cual el precios internacional baja.

Control de precios en las Plataformas de Transporte: copia del arroz

El proyecto de ley bajo el proyecto de ley 23.736, que se encuentra a punto de salir de la corriente legislativa trae los mismos pecados que en el caso del arroz. Muy probablemente – el control de precios- apoyado por el sector de taxistas que quieren evitar la competencia termine encareciendo los servicios de Uber DiDi y otros.

Hoy día hay más de 30 mil choferes en plataformas (muchos antiguos taxistas) y cerca de 8 mil taxistas. En primera instancia, este control de precios incumple el principio de una política pública para beneficiar a las mayorías. Tampoco cumple con el efecto de temporalidad que cita la ley del consumidor y con ello lleva a la pérdida de bienestar a los consumidores quienes somos los que pagamos por el servicio.

Toda política pública se debe diseñar buscando el máximo beneficio a la mayor cantidad de personas, la otrora política arrocera fue diseñada y mantenida por décadas por políticos para favorecer a los allegados al poder. Hay que ser muy ingenuo para creer que no existió un quit pro quo en tan honroso regalo.

En conclusión, el control de precios, aunque bien intencionado, se convierte en un obstáculo para el bienestar general. Distorsiona las señales del mercado, genera escasez, desincentiva la producción y fomenta la corrupción. En lugar de controles artificiales, la solución radica en promover la competencia, la innovación y la eficiencia en los mercados, para que los precios reflejen la realidad económica y beneficien a consumidores y productores por igual. No se deben repetir los errores del pasado.