La solución no es encontrar un líder que sustituya al sistema democrático, sino que el sistema pueda operar razonablemente, al margen e incluso a pesar del líder

Gobernabilidad democrática sigue flaqueando

Los costarricenses manifiestan un alto grado de aceptación del modelo democrático, pese a que desconfían de la capacidad de este para mantener el orden, para tomar decisiones y para que el sistema económico funcione adecuadamente.
Creen en las instituciones democráticas, aunque perciben negativamente al Gobierno, a la Asamblea Legislativa e incluso al Poder Judicial.
Cuando la gente se distancia del sistema político y de sus representantes, se puede afirmar que existe un problema de “gobernabilidad” democrática. Por años he sostenido que esos problemas de gobernabilidad están conectados, aunque no exclusivamente, a la operación vigente de nuestro sistema presidencialista.
Claro que esos problemas tienen causas diversas: hay problemas de liderazgo, de adaptación a la globalización, de distancia entre la oferta electoral y la acción de gobierno, de inadaptación de los partidos políticos, del sistema electoral, del centralismo, de detalles reglamentarios, etc.
Pero son innegables los problemas de gobernabilidad, de representatividad y de responsabilidad política, y que una parte de ellos está asociada al sistema político presidencialista, tal y como opera hoy en el país.
Hace unos 25 años, la ingobernabilidad no se daba porque la sociedad no se sentía ajena al sistema político y porque el Ejecutivo había sustituido, en parte, las funciones del Legislativo al margen del sistema constitucional.
No se quiere volver a esa etapa porque esa “gobernabilidad” no es conforme con nuestro Estado Social de Derecho, porque las mayorías opacaban a las minorías, porque hoy nuestro pueblo exige más, porque tenemos una Asamblea Legislativa y una sociedad más atomizadas.
Se trata de asegurar la gobernabilidad democrática adaptando nuestro presidencialismo e instituciones a las nuevas condiciones, sin rechazar los cambios necesarios a la Administración Pública, incluyendo los ajustes al empleo público, a los procesos judiciales y administrativos; y adaptándonos a los mecanismos más ágiles y más democráticos de los sistemas parlamentarios.
Obviamente, no es posible atribuir al diseño todos los problemas concretos de operación del Estado, pero cuando se repiten consistentemente, es señal de que debe ser un problema de diseño institucional. El sistema debería ser capaz de operar con bipartidismo o sin él. No se trata de ver con nostalgia el pasado. Tampoco se debe fomentar una gobernabilidad que destruya los parámetros de la democracia, y mucho menos, el respeto a los derechos de las minorías.
No es verdad que estos problemas se deban principalmente a la ausencia de liderazgo: los problemas de fondo existen. Y aunque nada sustituye al liderazgo, también es verdad que parte muy importante de los problemas tiene causas “estructurales” ligadas al modelo político.
Además, es innegable que la población, justificada o injustificadamente, se siente cada vez más ajena al sistema y a la llamada “clase política”. Por eso es indispensable plantear el problema de fondo.
La solución no es encontrar un líder que sustituya al sistema democrático, sino que el sistema pueda operar razonablemente, al margen e incluso a pesar del líder, y de que pueda hacerlo democráticamente y con mayor responsabilidad.
 

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