La Prioridad debe ser la dignidad humana

Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca

Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica

El reciente informe de la Contraloría General de la República, revelado por Culturacr.net, donde se detalla que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), sólo ejecutó el 75% de los fondos asignados para beneficiar a hogares en extrema pobreza, es un tema que debe encender las alarmas en toda la sociedad costarricense.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales, expresamos nuestra profunda preocupación por esta situación, que no sólo afecta a las familias más vulnerables del país, sino que, también, refleja un grave retroceso en la lucha contra la pobreza.

Un panorama alarmante

El contexto actual muestra un crecimiento sostenido de la pobreza en Costa Rica, agravado por decisiones gubernamentales que priorizan el pago de la deuda pública, por encima de la inversión social. Para las familias en extrema pobreza, esto significa un debilitamiento de la red de apoyo que debería garantizarles acceso a derechos fundamentales, como: alimentación, salud y educación.

Desde nuestra experiencia, constatamos que las personas en esta situación no solo enfrentan la insuficiencia de recursos económicos, sino también una creciente exclusión social y psicológica.

El papel del IMAS y otras instituciones sociales es fundamental para responder a estas necesidades. Sin embargo, cuando los recursos asignados no se ejecutan completamente, se pierde una oportunidad crítica para aliviar el sufrimiento de miles de familias. Esto resulta aún más preocupante en un contexto de inflación, donde los costos de bienes básicos aumentan, haciendo que los recursos destinados originalmente ya sean insuficientes para cubrir las necesidades reales.

Para quienes trabajamos directamente con las comunidades más afectadas, la pobreza no es solo un indicador económico. Es una realidad tangible que se manifiesta en la desesperanza de madres que no pueden alimentar a sus hijos, en jóvenes que abandonan sus estudios por falta de oportunidades, y en adultos mayores que no cuentan con una vejez digna.

Desde nuestra profesión, hemos sido testigos de cómo la reducción de la inversión social afecta negativamente la cohesión social, alimentando círculos de pobreza y exclusión que son cada vez más difíciles de romper. A esto se suma la presión psicológica y emocional que enfrentan las personas en situación de pobreza, quienes sienten que el sistema las abandona en los momentos de mayor necesidad.

¿Hacia dónde vamos como sociedad?

Las políticas públicas no pueden centrarse exclusivamente en el equilibrio de las finanzas estatales a costa de sacrificar el bienestar social. Entendemos la importancia de reducir la deuda pública, pero nos preocupa profundamente que esto se haga a expensas de las familias que más necesitan el apoyo del Estado. Un país que descuida a los sectores más vulnerables compromete su futuro, erosionando los principios de solidaridad y justicia social que deben guiar nuestro desarrollo como nación.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales, hacemos un llamado urgente al Gobierno para que reevalúe sus prioridades y garantice una ejecución eficiente y completa de los recursos asignados a la inversión social. Instamos a que se adopten mecanismos más efectivos para identificar y atender las necesidades reales de las familias en extrema pobreza, asegurando que los fondos lleguen a quienes más los necesitan.

Asimismo, le solicitamos a la población costarricense que no permanezca indiferente ante esta situación. La pobreza no es un problema aislado; sus efectos repercuten en todos los ámbitos de la sociedad, desde la seguridad hasta la salud pública. Es responsabilidad de todos exigir un modelo de desarrollo que ponga la dignidad humana en el centro de las decisiones políticas y económicas.

Costa Rica ha sido históricamente un ejemplo de progreso social en América Latina. No podemos permitir que la reducción de la inversión social y la ineficiencia en la ejecución de recursos nos alejen de ese camino. Como Trabajadores Sociales, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar desde el territorio y con las comunidades para enfrentar la pobreza, pero también de alzar la voz para exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger y garantizar los derechos de todas las personas.

No se trata solo de números o porcentajes de ejecución; hablamos de personas que merecen tener acceso a los derechos que le son propios.