Hay una creciente huida de los procesos no penales, por lo lentos, costosos, engorrosos, distantes y frustrantes que pueden resultar

Paradojas de nuestra justicia

Contra lo que solemos pensar los costarricenses, los estudios internacionales no nos califican bien en cuanto a procedimientos judiciales. Son lentos y la calidad es criticada. Por ejemplo, el informe Doing Business 2016 nos ubica en el puesto 124 entre 189 países, en garantía de cumplimiento (exigibilidad) de los contratos. Esto porque el costo promedio del proceso es muy alto (24,3% de lo reclamado), así como el tiempo consumido (852 días, según el informe), y porque la calidad del proceso judicial para garantizar dicho cumplimiento deja mucho que desear (ocho puntos sobre 18 posibles).
El Reporte Anual sobre la Libertad Económica Mundial de 2015 tampoco nos deja bien parados. En independencia judicial la calificación es de apenas 6,73 (no llegamos a la nota mínima). En integridad del sistema legal es de cinco sobre diez. En la imparcialidad de los tribunales es aún peor (4,88).
No podríamos atribuir esas calificaciones mediocres a la falta de financiamiento de nuestro sistema judicial: somos de los países en los que más ha crecido el gasto de justicia (pasamos del 1,1% al 1,6% del PIB entre 2006 y 2014). El gasto real por habitante en términos de dólares se multiplicó dos veces y media en seis años (de $54 en 2007 a $132,9 en 2013). El costo por juicio terminado ha pasado de $424 en 2007 a $1.147 en 2013.
Los casos tramitados por juez han disminuido al caer de 841 en el 2000, a 506 en 2013. Hoy tenemos casi el triple de jueces por habitante que en 1990, pues pasamos de 9.995 habitantes por juez a 3.732 en el año 2013.
Aunque el número de casos ha aumentado claramente en lo penal, en los demás ámbitos judiciales (el civil, el laboral, el agrario o el contencioso) más bien ha disminuido como proporción del número total. Los casos penales han aumentado en forma abismal al pasar del 26% de los casos entrados en 2005 a casi el 40% en 2014 (315 mil). Es decir, se duplicaron los casos penales por habitante en apenas diez años.
Hay varias explicaciones posibles para ese fenómeno: 1) ha aumentado la criminalidad, lo cual es cierto, pero no en esa proporción; o, 2) han aumentado las denuncias penales por mejor conocimiento y confianza en la justicia penal; o, 3) se ha tendido a criminalizar los antiguos procesos civiles, administrativos; etc.
Esto último puede explicar por qué hay una creciente huida de los procesos no penales, por lo lentos, costosos, engorrosos, distantes y frustrantes que pueden resultar. Los habitantes tienden a recurrir a fórmulas alternativas de solución (arbitrajes en el mejor de los casos, vías de hecho en el peor), o acuden a las vías penales a resolver problemas típicamente civiles o administrativos.
La gente puede preferir intimidar con procesos penales (aunque no lleguen a sentencia), para obtener lo que pretenden; que acudir a procesos administrativos, laborales o civiles, percibidos como ineficientes o inefectivos, para resolver sus controversias.
A pesar de un significativo aumento en sus recursos, nuestro sistema de justicia está haciendo agua. Abocarnos a recuperar cuanto antes su apropiado funcionamiento es crucial para el sistema democrático y para nuestro desarrollo.

Rodolfo E. Piza R.

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