Prioridades sociales y creación de instituciones
Emilio Bruce [email protected] | Viernes 12 noviembre, 2021

Sinceramente
La Asamblea Legislativa con el concurso del colegislador en nuestro sistema, que es el Poder Ejecutivo, a pesar de los crecidos déficits, a pesar del continuado endeudamiento y de la aplastante carga tributaria que afecta a toda la ciudadanía ha continuado creando instituciones.
Muchas veces estas obedecen a ilusiones, a programas partidarios de gobierno, a generar nuevas “conquistas históricas”, pero no calzan dentro de las posibilidades nacionales ni dentro de las prioridades del país.
¿Cuáles son las prioridades del país? ¿Están dichas prioridades en algún documento? ¿Se ven reflejadas en el presupuesto nacional? Todo ello es muy dudoso. Las prioridades de país cambian de acuerdo al interés político del momento y Costa Rica carece de un marco de gran estrategia nacional. Pareciera que Costa Rica se administra dentro del marco de la “Gran Ocurrencia Nacional”.
Hemos discutido cómo al crear una institución más, los proponentes no están obligados a presentar el estimado técnico de su costo y de su sostenibilidad en el tiempo. Tampoco están obligados a determinar las fuentes de recursos para costear esos gastos incrementales que ellos están proponiendo.
Nadie determina o contrasta con el marco de Gran Estrategia Nacional inexistente, si los servicios que esa institución supuestamente brindará a los costarricenses es útil, deseable e indispensable para el desarrollo económico y social del país. Sin un marco estratégico que determine prioridades todo se vale. Sin la determinación de qué es cuanto requiere Costa Rica, cada legislador aporta de su cosecha las prioridades, y a través de la negociación de votos en el parlamento consigue los necesarios para aprobar su proyecto, comprometiéndose a votar para aprobar los de quienes le dieron el voto al suyo. Así sin consideración a las evidentes prioridades nacionales y atendiendo las prioridades del proponente o del partido en cuestión se negocian los votos para lograr que se apruebe la creación de la nueva institución.
¿Cuál es el costo de la propuesta? ¿Cuál es el costo de esa creación en el tiempo? ¿Cuáles son sus fuentes de fondos para financiarlos? Cuando el país está en déficit fiscal el Ministerio de Hacienda carece de recursos incluso para hacer frente a los gastos corrientes por lo que recurre reiteradamente al endeudamiento. ¿Y entonces cómo financiar sus gastos en el tiempo? Pues este vicio es el que ha terminado por descarrilar el equilibrio fiscal. Este es la costumbre legislativa y partidaria que reiteradamente empleada da al traste con cualquier buena administración de los recursos del país y del estado. Pero esto es tan solo una parte del vicio ya que sin tener prioridades todo va, todo es posible, toda ocurrencia es buena para ser negociada. No importa si los servicios o actividades de esa creación son útiles a la sociedad. No importa si su existencia es prioritaria en momentos de escasez. Poco importa si su actividad será de beneficio económico y social. Poco o nada importa si la misma es o será al cabo del tiempo un fin en sí mismo. Nadie cuestiona si esta se justifica.
Prioridades nacionales, utilidad y beneficios sociales y económicos, costos de creación y de mantenimiento son unos cuantos elementos críticos en las iniciativas de formación de nuevas instituciones. Finalmente, y no es el factor menos importante, Costa Rica debe evitar que las instituciones deriven en fines en sí mismos. Que deriven en el galardón del proponente para pasar a la historia patria, aunque el país tenga mayores urgencias sociales y económicas. Que la creación se transforme en un mundo para beneficio de sus funcionarios, directores y presidentes ejecutivos, para quienes van a vivir de él, aunque el país no sea objeto de satisfacciones y provecho. ¡Estoy seguro de que con esta sencilla explicación ahora comprenden mejor por qué se han generado tantas y tantas duplicaciones de competencias! Este es el origen de muchísimas duplicaciones y de las trescientas y tantas instituciones descentralizadas que sangran al país y al fisco.
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