Sala IV definirá si U públicas recibirán ¢11.500 millones más en 2025
Dinero servirá para financiar becas, según universidades
Esteban Arrieta [email protected] | Domingo 09 febrero, 2025 01:00 p. m.
![Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional (PLN). Cortesía/La República](https://www.larepublica.net/storage/images/2025/02/08/20250208175931.untitled-design.png)
La Sala Constitucional decidirá sobre el futuro de ¢11.500 millones destinados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), luego de que la diputada Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentara un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por retener estos recursos.
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La legisladora calificó de "inaceptable" la decisión del Ejecutivo y de Hacienda de no transferir los fondos aprobados en 2024 por la Asamblea Legislativa, equivalentes al 2% del FEES. Según Méndez, la negativa gubernamental afecta directamente a las universidades públicas y limita el acceso a la educación superior.
“Estos recursos no son solo pagos de planillas; son becas para estudiantes, programas de extensión e investigación. Esto implica un menor desarrollo socioeconómico del país, menos apertura de carreras en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”, señaló la diputada, quien también es docente universitaria.
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El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) advirtió que la falta de estos fondos impactaría a más del 50% de los estudiantes que dependen de becas, además de poner en riesgo la investigación científica, ya que las universidades públicas producen más del 80% de estos estudios en el país.
Méndez argumentó que la retención de los fondos por parte de Hacienda viola el derecho a la educación, establecido en la Ley Fundamental de Educación.
“El Ejecutivo está violando un derecho fundamental que establece la Carta Magna. No podemos permitir que se reprima el accionar de nuestras universidades”, enfatizó.
La Sala Constitucional analizará el recurso de amparo y definirá si el Ministerio de Hacienda debe liberar los ¢11.500 millones que siguen congelados, en un fallo que podría marcar un precedente en la garantía de financiamiento para la educación superior pública en Costa Rica.