Gobernabilidad fiscal
Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 04 noviembre, 2013

Un desproporcionado aumento del gasto recurrente de 2007 a 2010 dilapidó el superávit y nos llevó a un déficit inmanejable y niveles de deuda pública que ya son peligrosos
Gobernabilidad fiscal
Para que el uso de los impuestos y otros ingresos gubernamentales sea eficiente debemos seleccionar adecuadamente en qué emplearlos. ¿Estamos haciendo bien esa tarea?
La agenda para la consolidación fiscal que propuso el ministro Ayales deja en claro que la respuesta es un estridente no. Más bien reinan serios problemas que promueven la ineficiencia y el despilfarro.
Urge contar con una propuesta para mejorar la gobernabilidad fiscal. Preferiblemente debería plantearla el gobierno antes de las elecciones para ir creando acuerdos que se puedan adoptar al inicio de la próxima administración.
Muchos de los elementos indispensables en esa propuesta ya están señalados en el documento del Ministro de Hacienda. Por ejemplo eliminar las fijaciones legales de gastos y mejorar los elementos de medición de resultados y de riesgos para poder adoptar una presupuestación basada en desempeño. Pero falta incluir algunos campos y definir acciones concretas.
Es necesario estructurar una eficaz relación entre planificación y presupuestos; establecer presupuestos plurianuales para la inversión pública; aumentar la cobertura del gasto autorizado por la Asamblea Legislativa para incluir a los entes descentralizados; e incluir reglas estructurales de manejo presupuestario que permitan que la actividad fiscal sea anticíclica para limitar el crecimiento del gasto y los déficits en los periodos de alto crecimiento económico, y ahorrar para permitir su incremento durante años de bajo aumento del PIB. Claro, en gasto no recurrente.
La experiencia de manejo fiscal de los últimos años es triste. No se quiso adoptar la apertura de monopolios estatales y la venta de algunos activos públicos como medidas alternativas al aumento de impuestos al final de los noventa. Tampoco se aceptó la reforma tributaria basada en la propuesta de los exministros de Hacienda. Se contrajo el gasto público sobre todo en inversión y con ello y con la mejora en el cobro de los impuestos, iniciada con las leyes de simplificación y eficiencia tributaria, se llegó a tener un superávit en las finanzas del Gobierno central.
Pero luego un desproporcionado aumento del gasto recurrente de 2007 a 2010 dilapidó el superávit y nos ha llevado a un déficit inmanejable y niveles de deuda pública que ya son peligrosos.
Por ello será muy difícil convencer a la sociedad de la urgente e imperiosa necesidad de reducir gastos (que significa afectar el crecimiento de los salarios y el empleo público y de las transferencias a universidades, programas sociales y otros) y de aumentar impuestos (no tasas, sino extender a los servicios el impuesto de ventas transformado en uno de valor agregado, universalizar y globalizar el impuesto de renta).
Pero si eso no se hace se pagarán las consecuencias de manera más dolorosa con alta inflación (el más injusto impuesto sobre los pobres y los asalariados), menor crecimiento económico y mayor desempleo, pobreza y desigualdad.
Para lograr un acuerdo nacional de tomar esa dura y amarga medicina será necesario convencer al paciente que la enfermedad no será recurrente. Eso depende de la institucionalidad fiscal que se implemente.
Miguel Ángel Rodríguez
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