Justicia energética y desarrollo

Costa Rica ha construido, a lo largo de décadas, una reputación intachable en materia de sostenibilidad y protección ambiental. Gran parte de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables, somos referente mundial en la conservación de la biodiversidad y hemos asumido con responsabilidad el reto de carbono neutralidad. Sin embargo, estos logros, tan celebrados en el extranjero, deben traducirse en acciones concretas que garanticen un futuro próspero y equitativo para todos los costarricenses.

El dinamismo a la economía que generaría la Generación Distribuida con la creación de empleos, la competitividad país sobre todo en sectores sumamente impactados por la política económica actual, requiere de nuestra atención inmediata.

En un año preelectoral, la discusión sobre energía limpia y transición justa adquiere una relevancia excepcional. Las próximas autoridades tendrán la oportunidad de retomar la posición de Costa Rica como líder global en sostenibilidad, pero también la responsabilidad de demostrar que nuestra imagen país no es una fachada: es el reflejo de políticas públicas coherentes, inclusivas y ambiciosas.

La energía, más allá de un insumo técnico, es un instrumento de desarrollo humano y social. La democratización del acceso a la generación limpia —mediante un reglamento de generación distribuida eficaz y equitativo— se convierte en una necesidad imperiosa. Este reglamento debe asegurar que cada familia, cada pyme y cada institución pública puedan convertirse en productores activos de energía, contribuyendo a la resiliencia del sistema eléctrico y garantizando la seguridad energética.

La justicia energética implica que no solo los grandes consorcios o las industrias con mayor capacidad de inversión puedan acceder a proyectos de generación renovable. Se trata de abrir y promover la puerta a comunidades rurales, a zonas vulnerables y a sectores con menores recursos, para que también puedan beneficiarse de los ahorros, la autonomía y la seguridad que proporciona la energía solar o eólica.

Además, la transición energética descentralizada fortalece la seguridad nacional. En un mundo cada vez más expuesto a eventos climáticos extremos, la resiliencia del sistema eléctrico es vital.

La imagen país, esa narrativa que posiciona a Costa Rica como un paraíso verde, debe reflejarse en cada kilovatio generado, en cada normativa aprobada y en cada comunidad que adopta la energía limpia. No podemos permitir que la percepción internacional se desvanezca por inacción o por demoras políticas. La sostenibilidad es, al mismo tiempo, un imperativo ético y una oportunidad económica: genera empleos verdes, reduce la dependencia de combustibles fósiles y atrae inversión extranjera comprometida con los valores ambientales.

En este contexto preelectoral, como ciudadana, exhorto a los partidos políticos y a sus candidatos a incluir en sus propuestas la aprobación de un reglamento de generación distribuida que democratice el acceso a la energía limpia. Se trata de un pilar sobre el cual se edificará la competitividad y la equidad de Costa Rica en las próximas décadas.

Debemos alzar la voz y exigir a nuestros representantes que pongan en la agenda política la justicia energética. Solo así lograremos un país donde cada familia y cada pyme sean parte activa de la revolución energética.

Es momento de transformar la imagen país en un compromiso real con el planeta. Construyamos juntos una Costa Rica de Energía Verde, donde cada tejado sea una fuente de esperanza y cada kilovatio un paso hacia un futuro más justo, próspero y sostenible para todos.